La capital coahuilense vive dos narrativas que se entrelazan en la memoria colectiva: la de Liliana García y la de su esposo Jorge Garza Aburto.
La primera señalada como presunta agresora del perro Rocky en un episodio que desató indignación y protestas y que convirtió la defensa animal en bandera de justicia y la segunda figura, un exfuncionario de PEMEX durante el sexenio de Felipe Calderón, siendo en ese lapso donde construyó una residencia valuada en 35 millones de pesos. Además de ser, junto al diputado panista Memo Anaya, señalado por el desvío de 70 millones de pesos.
El caso Rocky no fue un hecho menor fue un detonante de conciencia social, un recordatorio de que el maltrato animal es también un reflejo de la violencia en la que vive nuestro país. La reacción fue inmediata, asociaciones protectoras y ciudadanos indignados exigieron sanciones ejemplares y la ciudad se convirtió en escenario de protestas digitales y físicas donde la voz de los sin voz encontró eco.
Garza Aburto representa otra dimensión de la controversia, la del desvío de recursos públicos, fraude y corrupción que se entrelazan en la arena electoral. Su paso por Pemex como subgerente de Planeación y Administración entre 2011 y 2012 quedó opacado por la carpeta 992/CA/2017-PJ-COA-002 abierta por la Fiscalía de Coahuila en la que se investigaba un presunto fraude de más de setenta millones de pesos ligado a la campaña de Guillermo Anaya. Los cateos en oficinas y casas vinculadas a la campaña fueron la imagen de un sistema político bajo sospecha.
Dos historias distintas en una misma lujosa residencia, en un mismo territorio. La escena de un crimen que no tiene nombre con el atentado hacia el perrito Rocky y la sospecha de que esa misma casa haya sido obtenida con recursos de procedencia ilícita.
Liliana García y Jorge Garza Aburto son nombres distintos pero su huella converge en un mismo reclamo, el de la justicia que no se negocia.
