Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump al acero y aluminio mexicanos han dejado de ser una amenaza retórica para convertirse en un golpe tangible a la economía nacional. En Coahuila, más de 6,500 trabajadores han perdido su empleo en los últimos meses, víctimas de una guerra comercial que México no buscó, pero cuyas consecuencias está pagando con creces.
El impacto real
General Motors, una de las empresas más emblemáticas de la industria automotriz en México, ha despedido a 1,200 empleados en Ramos Arizpe, según señala el líder sindical Tereso Medina. La compañía, por su parte, insiste en que se trata de “ajustes operativos” y paros técnicos por mantenimiento, pero resulta difícil ignorar el contexto: justo cuando Trump eleva los aranceles al 50%, GM anuncia una inversión de 4,000 millones de dólares en Estados Unidos, trasladando parte de su producción fuera de México.
No es un caso aislado. Otras empresas, como Trinity Industries, han recortado cientos de empleos, y el sector siderúrgico, vital para la manufactura y la construcción, reporta más de 3,000 despidos. El argumento de las compañías es previsible: los costos se han elevado, la incertidumbre frena las inversiones, y el mercado exige ajustes. Pero detrás de cada cifra hay familias, comunidades enteras que dependen de esos salarios.
La respuesta
Ante esta crisis, el gobierno mexicano ha respondido con mesura, apostando por la diplomacia y la negociación dentro del marco del TMEC. Sin embargo, los resultados concretos para los trabajadores son escasos. Mientras tanto, los empresarios —tan dados a defender el libre mercado en tiempos de bonanza— ahora reclaman protección estatal.
Llama la atención, además, la parálisis en las negociaciones salariales. Algunas empresas han concedido aumentos del 10%, pero otras posponen cualquier discusión, argumentando la incertidumbre económica. ¿Hasta qué punto es esto justificable? Si las ganancias se privatizan, ¿por qué los riesgos deben socializarse?
Reflexiones para el futuro
México no puede depender eternamente de la voluntad de Washington ni de la benevolencia de las corporaciones trasnacionales. La lección es clara: se necesita una estrategia industrial de largo plazo, que diversifique mercados, fortalezca cadenas de valor nacionales y garantice mayor estabilidad laboral.
La izquierda, por su parte, tiene la obligación de proponer alternativas viables —no solo discursos de confrontación—, mientras los sindicatos deben equilibrar la defensa de los trabajadores con la realidad económica. Porque al final, más allá de las batallas ideológicas, lo que está en juego es el sustento de miles de familias.
¿Qué sigue? La guerra comercial no ha terminado, y México debe decidir si reacciona como espectador o como protagonista de su propio destino económico.
