Una reciente reforma en materia de desapariciones ha transformado la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento nacional obligatorio con características biométricas.
Este nuevo documento, gestionado por la Secretaría de Gobernación, incluirá huella digital, fotografía y datos personales, funcionando de manera similar a la credencial del INE, pero con un alcance mucho mayor.
La CURP biométrica será indispensable para realizar cualquier trámite, contratar servicios o efectuar compras, y cada uso quedará registrado en la Plataforma Única de Identidad. Esta base de datos centralizada almacenará información detallada de cada ciudadano, incluyendo salud, datos bancarios, registros fiscales, historiales de transporte, educación y telecomunicaciones, entre otros.
Cada vez que se utilice la CURP biométrica, se generará un registro consultable en tiempo real, permitiendo a las autoridades conocer los trámites realizados, compras efectuadas y servicios accedidos por cualquier persona.
La Plataforma Única de Identidad será accesible de forma irrestricta por el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN), según lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley de Inteligencia.Aunque la reforma asegura que el sistema se limitará a fines de seguridad, expertos advierten sobre el alto riesgo de vigilancia masiva, ya que permite monitorear la actividad de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.
Además, la centralización de datos sensibles representa un peligro ante posibles hackeos, un problema recurrente en dependencias gubernamentales, como lo demuestra el reciente caso de la SEDENA.
La implementación de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad plantea un debate entre la seguridad pública y la privacidad de los ciudadanos, en un contexto donde la protección de datos personales enfrenta constantes desafíos.
