En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio, dejando de recaer en las víctimas la responsabilidad de denunciar.
Durante su conferencia matutina, “La mañanera del pueblo”, la mandataria informó que se trata de un Proyecto de Decreto para reformar el inciso a), fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, con el fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión.
“La víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, subrayó Sheinbaum.
El Estado como víctima: un cambio de paradigma
Con esta reforma, el Estado mexicano asumiría el papel de víctima ante este delito, permitiendo así su persecución sin necesidad de que la persona afectada interponga una denuncia formal. La iniciativa pretende brindar mayor protección a las víctimas, muchas de las cuales actualmente temen represalias o carecen de confianza en las instituciones.
Denuncia anónima y nueva ruta de atención
Desde el domingo 6 de julio, como parte de la estrategia, se habilitó el número 089 para que las personas puedan denunciar extorsiones de forma anónima. A partir de ese reporte, las unidades antisecuestro —tanto estatales como federales— activan un proceso de investigación y atención inmediata.
Además, se establecieron nuevas acciones concretas:
- Cancelación inmediata de la línea telefónica involucrada en extorsión telefónica.
- Orientación directa a las víctimas.
- Apertura de carpetas de investigación en casos de extorsión presencial.
- Despliegue de células de inteligencia en zonas identificadas como de alta incidencia.
- Investigación a cargo de la Unidad Especializada contra Secuestro y Extorsión.
Reforma clave para una respuesta nacional coordinada
La presidenta explicó que reformar la Constitución es necesario para establecer una legislación homogénea en todo el país, obligando a los estados a legislar contra la extorsión conforme a una misma ley general. La implementación de esta propuesta se apoya en la reciente reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite una actuación más efectiva y coordinada.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló los pilares operativos de la estrategia, recalcando la coordinación entre fiscalías estatales, unidades antisecuestro y cuerpos de inteligencia.
Sheinbaum concluyó que el objetivo es claro: apoyar a quienes han sido víctimas y erradicar un delito que daña diariamente a miles de mexicanos. La iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados en los próximos días para su análisis y eventual aprobación.
