En un escenario estrictamente hipotético —y considerado altamente improbable por sus implicaciones diplomáticas, el choque frontal con la soberanía mexicana y el riesgo de una confrontación internacional de gran escala— especialistas en seguridad estadounidense han evaluado cuáles serían los puntos prioritarios si Estados Unidos decidiera emprender operaciones militares directas o de fuerzas especiales contra organizaciones del narcotráfico en México.
De acuerdo con reportes recientes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) correspondientes a 2025, así como mapas de violencia y evaluaciones del crimen organizado proyectadas para 2025-2026, la lógica estratégica estadounidense se centraría en los estados donde se concentra la producción de fentanilo, metanfetaminas y el control de rutas clave hacia la frontera. Bajo ese criterio, las primeras entidades en ser consideradas como objetivos operativos serían Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Sinaloa aparece en primer lugar debido a su condición de bastión histórico del Cártel de Sinaloa, organización señalada como una de las principales responsables del flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense. Los laboratorios clandestinos, las rutas de precursores y la intensa disputa interna entre facciones —principalmente entre los llamados Chapitos y el bloque de los Mayiza— elevan su relevancia estratégica.
Jalisco ocuparía el segundo sitio como núcleo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado por la propia DEA como el grupo criminal de mayor expansión y uno de los más violentos del hemisferio. Su control sobre puertos clave, particularmente Manzanillo, donde ingresan precursores químicos, lo coloca como un punto de alto interés para cualquier evaluación estadounidense.
En tercer lugar se ubicaría Michoacán, considerado un epicentro en la producción de metanfetaminas y, cada vez más, de fentanilo. La presencia simultánea de grupos como el CJNG, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos y diversas células locales, combinada con una geografía que facilita la operación de laboratorios clandestinos, incrementa su peso en el análisis.
Guerrero también sería parte de una primera fase, tanto por la persistencia de zonas de cultivo de amapola como por su relevancia como corredor para el traslado de sustancias y precursores hacia el norte del país. La actividad de grupos locales vinculados a La Familia Michoacana refuerza su presencia en la lista.
En una segunda etapa hipotética, los documentos consultados apuntan a estados como Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León. Cada uno presenta dinámicas críticas: desde la disputa violenta entre Sinaloa y el CJNG en Zacatecas, hasta la guerra entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato; además del control estratégico de cruces fronterizos en Tamaulipas y Nuevo León.
Analistas subrayan, no obstante, que este escenario pertenece exclusivamente al terreno de la especulación. En el contexto político actual —enero de 2026— la estrategia más probable de Washington sigue centrada en sanciones económicas, presiones diplomáticas, designaciones terroristas, acciones encubiertas de alcance muy limitado e intercambio de inteligencia con autoridades mexicanas. Una intervención militar abierta, coinciden expertos, detonaría la mayor crisis bilateral en décadas y rompería la cooperación en seguridad que ambos países han construido durante años.
