La revelación de que un propietario fallecido hace más de una década habría firmado documentos oficiales para liberar terrenos hipotecados en Ramos Arizpe ha encendido las alarmas sobre un posible esquema de fraude inmobiliario que involucra a la familia Castilla Galindo.

En 2024, la Dirección de Desarrollo Urbano de Ramos Arizpe recibió solicitudes de factibilidad de fraccionamiento para el predio conocido como El Cerro del Campestre. Los papeles llevaban la firma de Ovidio Alfonso Elizondo Treviño, quien según el Registro Civil murió en 2014.


La discrepancia de diez años entre la fecha de defunción y la firma en trámites oficiales plantea una pregunta incómoda: ¿Quién está detrás de esta “resurrección administrativa”?.

El terreno en disputa

El predio, ubicado en una zona de alta plusvalía, enfrenta un litigio mercantil.

Folio 9992294: creado recientemente, aparece “limpio” y sin gravamen.

Folio Real 302847: registra una hipoteca vigente que impide su venta.

Es bajo este segundo folio que se intenta acreditar la propiedad, usando la firma del fallecido, para desarrollar una plaza comercial y un complejo habitacional.

La sombra de los Castilla Galindo

El terreno forma parte de los activos embargados de Armando Castilla Sánchez. Hoy, la familia Castilla Galindo lo comercializa abiertamente, incluso con espectaculares publicitarios en Saltillo. La estrategia recuerda otros casos, como el de Lomas de Lourdes, donde una constructora perdió millones tras adquirir terrenos que estaban judicialmente comprometidos.

Posibles delitos

Juristas consultados advierten que, de confirmarse la falsificación, los involucrados podrían enfrentar cargos por:

  • Usurpación de identidad
  • Falsificación de documentos oficiales
  • Fraude

Un modus operandi sistemático

La evidencia apunta a un patrón: revivir firmas de fallecidos y duplicar folios catastrales para dar apariencia de legalidad a terrenos embargados.

El resultado: compradores de buena fe que terminan atrapados en litigios interminables y obras paralizadas.

El “método Castilla” no es solo una anécdota burocrática: es solo un ejemplo de cómo la corrupción y la impunidad pueden convertir las propiedades en un botín, incluso cuando la ley dicta lo contrario.

Si un muerto puede firmar y un terreno embargado puede venderse como si nada.

¿Qué garantía queda para los ciudadanos de buena fe?.