La decisión de ajustar los pagos de finiquito de Altos Hornos de México (AHMSA) al artículo 225 de la Ley de Concurso Mercantil marca un punto de inflexión en la narrativa que se había construido en torno a la empresa. Lo que se presentó como liquidaciones completas ahora se enfrenta a la dureza de un marco legal que prioriza la viabilidad financiera sobre las expectativas de los trabajadores.

El artículo 225 establece un orden de prelación que, en la práctica, significa que no todos los créditos laborales podrán cubrirse íntegramente. Esta disposición, aunque legalmente justificada, deja en evidencia la distancia entre las promesas hechas y la realidad que enfrentan quienes dedicaron años de su vida a la siderúrgica.

El caso AHMSA no es solo un asunto jurídico o económico: es un recordatorio de cómo las crisis empresariales repercuten directamente en la vida cotidiana de las familias. En Coahuila, donde la empresa ha sido símbolo de empleo y desarrollo, la noticia se traduce en incertidumbre y descontento. Los trabajadores esperaban un cierre digno; en cambio, reciben un cálculo condicionado por la insolvencia.

Más allá de los tecnicismos, lo que está en juego es la confianza en las instituciones y en el sistema de protección laboral. El concurso mercantil, diseñado para dar orden a la quiebra, termina mostrando sus límites cuando se trata de garantizar justicia social.

La pregunta que queda flotando es clara: ¿hasta qué punto el marco legal protege a quienes sostienen la economía desde abajo? La respuesta, al menos en este caso, parece inclinarse más hacia la preservación de la estructura empresarial que hacia la defensa de los derechos de los trabajadores.