La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.
Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos.
El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con la acusación, los implicados “se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Entre los nombres figuran Enrique Inzunza Cázarez, Gerardo Mérida Sánchez y Juan de Dios Gámez Mendívil, entre otros.
Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Clayton.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Red de complicidad estatal
Entre los señalados en la acusación se encuentran figuras clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden, como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra y el ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
Según el documento judicial, estos funcionarios desempeñaron roles esenciales para el Cártel: proporcionaron información confidencial de inteligencia, ordenaron a las policías estatal y municipal proteger cargamentos de droga y permitieron que los criminales cometieran actos de violencia brutal sin enfrentar consecuencias.
A cambio de estas acciones, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en sobornos.
El pacto con ‘Los Chapitos’
La acusación destaca una relación directa entre el Gobernador Rocha Moya y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Se alega que “Los Chapitos” ayudaron a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.
A cambio del apoyo electoral, Rocha Moya presuntamente asistió a reuniones con los líderes de la facción, tanto antes como después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, donde se comprometió a brindarles protección para sus actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses afirman que, bajo su mandato, el Gobernador ha permitido que el grupo opere con total impunidad en Sinaloa.
Ejecuciones y tortura
Uno de los puntos más graves de la acusación involucra a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán. Millán es acusado de recibir pagos mensuales de “Los Chapitos” a cambio de otorgarles acceso total a la fuerza policial.
Se le imputa haber participado directamente en octubre de 2023 en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, debido a las sospechas de que colaboraban con la investigación estadounidense.
Otros funcionarios, como Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía del Estado, habrían recibido pagos mensuales de 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos policiales.
