El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, comisionado por la Secretaría de Marina para supervisar aduanas marítimas, fue asesinado a tiros el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, semanas después de denunciar una red de corrupción conocida como huachicol fiscal.
Guerrero Alcantar había documentado con detalle los sobornos y transferencias de dinero en las aduanas, primero en reuniones con sus superiores y luego en un manuscrito hallado en su oficina tras el crimen. En las grabaciones obtenidas por Aristegui Noticias, el contralmirante relata cómo sus mandos intentaron involucrarlo en el esquema de corrupción que beneficiaba a autoridades, empresarios y organizaciones delictivas, con operaciones que desviaban combustible y generaban ganancias millonarias.
Antes de su muerte, Guerrero sostuvo reuniones con dos secretarios de Marina: José Rafael Ojeda Durán, en los últimos días de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y Raymundo Pedro Morales Ángeles, nombrado por Claudia Sheinbaum, donde presentó evidencia sobre los involucrados y los mecanismos del fraude.
Tras estas denuncias, Guerrero fue trasladado a la aduana de Puerto Chiapas y solicitó días de licencia, que fueron de conocimiento de sus superiores. El último día de su licencia, fue seguido y asesinado por sicarios en motocicleta, usando un modus operandi que la FGR vinculó con el homicidio de otra funcionaria relacionada con la Marina.
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, comisionado por la Secretaría de Marina para supervisar aduanas marítimas, fue asesinado a tiros el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, semanas después de denunciar una red de corrupción conocida como huachicol fiscal.… pic.twitter.com/NGNP9r9jeP
— Nación Norteña (@NacionNortena) February 18, 2026
Actualmente, la Fiscalía tiene abiertos procesos penales contra mandos navales implicados, con 14 órdenes de aprehensión emitidas y 11 personas detenidas e imputadas. Sin embargo, no todos los señalados han sido sancionados ni imputados.
La Secretaría de Marina ha declarado que coopera con las investigaciones, dio de baja a cinco elementos vinculados y asegura actuar con honestidad y transparencia, aunque negó tener acceso al audio de las reuniones de Guerrero.
El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los denunciantes dentro de las fuerzas armadas y deja un rastro de preguntas sobre la forma en que se manejan los casos de corrupción en las aduanas mexicanas, donde la vida de un marino que quiso exponer irregularidades se cortó antes de que la justicia pudiera actuar.



