Por instrucción de un juzgado de Monterrey, Nuevo León, se ordenó el aseguramiento de diversos bienes vinculados a la familia Castilla Galindo, como parte de un proceso judicial que involucra presuntos fraudes y uso indebido de propiedades. La medida incluye cientos de terrenos en el sur de Saltillo, una casa ubicada en el Bulevar Venustiano Carranza y más de 11 hectáreas en los limites de Saltillo y Ramos Arizpe, lo que es conocido como el Cerro del Campestre, donde recientemente se colocó una cerca que habría sido instalada sin autorización legal.
Las autoridades de Coahuila fueron notificadas para colaborar en el aseguramiento, ante el temor de que los bienes estén siendo manipulados mediante engaños, simulaciones de propiedad y presuntas operaciones fraudulentas. Los terrenos, actualmente embargados, forman parte de una serie de litigios que se extiende por todo el territorio nacional incluyendo el coahuilense, ya que las denuncias han emergido en distintas partes del país, donde diferentes empresarios han denunciado haber sido defraudados por la misma familia.
Según fuentes cercanas al caso, uno de los empresarios afectados es originario de Coahuila, quien asegura haber sido víctima de fraude por parte de los Castilla Galindo. El conflicto se agrava por el hecho de que, se hacen pasar por los dueños legítimos y siguen rentando los bienes deliberadamente.
La clausura del terreno en el Cerro del Campestre, ejecutada días atrás, fue el primer paso visible de esta ofensiva judicial. El sitio, considerado de alto valor inmobiliario, ha sido objeto de controversia por su cercanía con zonas residenciales exclusivas y por el uso que se le ha dado en los últimos años. La colocación de cercas y estructuras sin permisos ha encendido alertas entre vecinos y autoridades.
Este caso se suma a una serie de procesos que, según fuentes judiciales, podrían revelar una red de operaciones irregulares con bienes raíces en distintas regiones del país por parte de la familia Castilla Galindo. El juzgado de Nuevo León ha solicitado medidas cautelares para evitar el traslado, venta o alteración de los bienes embargados, mientras se determina su legítima propiedad.
Mientras tanto, los empresarios afectados continúan reuniendo pruebas para demostrar que fueron víctimas de fraude.
La historia apenas comienza, pero ya deja ver un patrón preocupante: el uso de estructuras legales para apropiarse de bienes ajenos, en un país donde el acceso a la justicia sigue siendo desigual.
La legalidad no puede ser rehén de la astucia ni del poder económico. Y si algo queda claro en este proceso, es que la justicia, aunque en ocasiones tarde, puede llegar, siempre que haya voluntad de aplicarla con firmeza y sin excepciones.
