Tras 17 años de litigio, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito ha emitido una resolución definitiva en el expediente 1139/2008, confirmando la sentencia contra la Compañía Editora Coahuilense, S.A. de C.V., empresa editora del periódico Vanguardia.
El fallo, que pone fin a una prolongada batalla legal iniciada por Grupo Inmobiliaria España Juárez S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM ENR), ha desatado una nueva controversia pública sobre los límites entre justicia mercantil y libertad de expresión.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a una serie de créditos otorgados por Grupo Inmobiliaria España Juárez a empresas vinculadas a Armando Castilla Sánchez, fundador de Vanguardia, quien según el apoderado legal de la financiera, “hipotecó todo y no pagó”. Aunque el caso se resolvió en contra de los demandados en el estado de Coahuila el proceso se prolongó por casi dos décadas, en lo que el apoderado jurídico califica como “tácticas dilatorias” y “presiones indebidas sobre el poder judicial”.
La sentencia y su significado
La resolución del Tribunal Colegiado, emitida de forma colegiada y con apego a derecho, confirma la sentencia dictada por el Juzgado Primero en Materia Mercantil de Saltillo. El fallo reconoce la validez del crédito líquido y exigible, y marca un precedente sobre la autonomía judicial en el estado. Para el Grupo Inmobiliaria España, se trata de una reivindicación legal que pone fin a años de desgaste institucional.
¿Libertad de expresión o deuda impagada?
El comunicado del apoderado jurídico de la financiera acusa al periódico Vanguardia de “perversa desinformación” al presentar el caso como un atentado contra la libertad de prensa. Sin embargo, el legado de Armando Castilla Sánchez —recordado como un periodista combativo que incluso provocó la renuncia de un gobernador en los años ochenta — complica la narrativa. ¿Puede una empresa editorial escudarse en su papel mediático para evitar responsabilidades financieras?
Entre justicia y memoria
La sentencia llega en un momento en que el país debate los alcances de la reforma judicial y la independencia de los tribunales. Citando a José María Morelos y Pavón, el apoderado legal celebra que “todo aquel que se queje de justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”. Pero en Saltillo, donde Vanguardia ha sido símbolo de crítica y modernidad, el caso también despierta preguntas incómodas sobre el poder empresarial, el uso de los medios y la ética financiera.
La resolución judicial no borra el legado editorial de Vanguardia, pero sí obliga a repensar el papel de las empresas mediáticas en su dimensión económica. En tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias ciudadanas, este caso podría marcar un parteaguas en la relación entre justicia y periodismo.
