México está a punto de vivir un cambio radical en cómo nos conectamos, informamos y comunicamos. La nueva Ley de Telecomunicaciones promete “democratizar” el acceso a internet y frenar los abusos de las grandes corporaciones. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. ¿Realmente beneficiará al pueblo o es otro caballito de Troya para el capital? Vamos por partes.

Avances en soberanía y equidad digital

La ley busca fortalecer la soberanía nacional al prohibir la difusión de propaganda política extranjera en medios mexicanos. Esta medida surge tras la controversia por la transmisión de anuncios antiinmigrantes provenientes de Estados Unidos en cadenas nacionales. La intención es clara: evitar injerencias externas en asuntos internos del país.

Además, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) pretende centralizar y modernizar la regulación del sector. Se espera que esta agencia promueva la digitalización y garantice el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones, especialmente en comunidades marginadas.​

Las preocupaciones: ¿un paso hacia la censura?

Sin embargo, no todo es color de rosa. El artículo 109 de la reforma ha encendido las alarmas. Este artículo permitiría al gobierno bloquear temporalmente plataformas digitales por razones como seguridad nacional o evasión fiscal. El problema radica en la vaguedad de los criterios y la falta de supervisión judicial, lo que ha llevado a críticos a calificarlo como una “puerta abierta a la censura digital”.

La concentración de poder en la ATDT, sustituyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), también ha sido motivo de preocupación. Expertos advierten que esta centralización podría afectar la imparcialidad y la competencia en el sector.

Lo bueno: derechos que (en teoría) llegan para quedarse

Internet como derecho humano (Art. 5°). La ley establece que el acceso a internet es un derecho fundamental, obligando al Estado a garantizar cobertura en zonas marginadas. Si se cumple, esto podría reducir la brecha digital en comunidades rurales e indígenas.

Límites a las “megafusiones” (Art. 12°). Se imponen restricciones a que una sola empresa controle más del 30% del mercado en telefonía, TV o internet. Un golpe (pequeño, pero simbólico) al duopolio de Telmex y Televisa que por décadas manejó el cotarro.

Tarifas sociales (Art. 8°). Las empresas deberán ofrecer paquetes económicos para estudiantes y adultos mayores. Nada revolucionario, pero algo es algo.

Más poder a la SCT (Art. 22°). La Secretaría de Comunicaciones tendrá mayor capacidad para sancionar abusos, como cobros ocultos o cortes arbitrarios. Eso sí, habrá que ver si no se queda en letra muerta.

Lo malo: las trampas del modelo neoliberal

-Privatización disfrazada. Aunque se habla de “regulación”, la ley no recupera el control público de la infraestructura clave. Sigue en manos de Slim, Azcárraga y compañía.

-El fantasma de la censura (Art. 17°). Bajo el pretexto de “combatir noticias falsas”, el gobierno podría limitar contenidos críticos. Peligroso en un país donde ya hay periodistas asesinados.

-Concesiones largas y baratas. Las empresas seguirán operando con licencias de 30 años y pagando migajas al Estado. ¿Dónde quedó la soberanía nacional sobre el espectro?

Fibra óptica… solo para los que puedan pagarla

El despliegue de red en zonas pobres dependerá de asociaciones público-privadas, es decir: si no es rentable, no llega.

Una pequeña crítica

Esta ley es un espejismo progresista. Tiene avances dignos de celebrar (sobre todo en reconocer el internet como derecho), pero no rompe con el modelo extractivo de las telecomunicaciones. En países como Uruguay, el Estado maneja directamente la red pública. Aquí seguimos regalando el negocio a los mismos de siempre.

Poco diente contra los monopolios: El límite del 30% es insuficiente. ¿Por qué no nacionalizar el espectro y que los beneficios reviertan en escuelas y hospitales?

Hablamos de democratizarlo todo pero en esto el pueblo no decide: No hubo consulta a colectivos digitales, radios comunitarias ni expertos en la materia.

Ni tanto que queme al santo…

La ley del 2025 no es la revolución, pero tampoco es un simple guiño neoliberal. Es un parche necesario en un sistema podrido. Si la izquierda quiere ir más allá, debería presionar para: nacionalizar la infraestructura crítica, financiar medios comunitarios y garantizar neutralidad de la red SIN censura.

Mientras tanto, toca estar vigilantes: que los derechos no se queden en el papel y que las empresas no vuelvan a pasar por encima de la gente. La lucha por una comunicación libre y popular sigue.