En Coahuila, la justicia no es solo una institución de señores vestidos de negro: es toda una memoria viva.

Desde la instalación del Supremo Tribunal de Justicia en 1827, el estado ha tejido una historia jurídica que mezcla tradición, modernización y, ahora, una forzosa apuesta por la democracia judicial.

Este 2025, en el marco del 198 aniversario del Poder Judicial, se presentó la obra colectiva Historia del Poder Judicial de Coahuila de Zaragoza, escrita por el maestro José María García de la Peña. Tres tomos que narran cómo la justicia coahuilense ha sido pilar de gobernabilidad, estabilidad y el desarrollo.  Y es en este mismo año que el poder judicial ha sufrido una reforma que nunca se hubiera sospechado en esas páginas ni en los años anteriores.

¿Cómo va Coahuila en materia de justicia?

• Coahuila ocupa el primer lugar nacional en Estado de Derecho, según el IMCO.

• Tiene una tasa de resolución del 90% en homicidios dolosos, la más alta en 18 años.

• Es el estado con mayor capacidad para atender secuestros, según México Evalúa.

• La ciudadanía percibe una alta eficacia en la procuración de justicia, con énfasis en derechos humanos y tecnología.

El pasado 1 de junio, más de 360 mil coahuilenses votaron directamente por jueces y magistrados, convirtiendo al estado en pionero nacional de un modelo que promete legitimidad, cercanía y transparencia. Este lunes, en una sesión solemne cargada de simbolismo, tomaron protesta los nuevos titulares del Tribunal Superior de Justicia, los Tribunales Distritales y el flamante Tribunal de Disciplina Judicial.

¿Quiénes son los rostros de la justicia?

La alineación judicial mezcla experiencia con renovación. Repiten figuras como Miguel Felipe Mery Ayup —ratificado como presidente del Tribunal Superior de Justicia—, Gricelda Elizalde Castellanos, Vladimir Kaiceros Barranco y María Eugenia Galindo Hernández. Pero también llegan perfiles con trayectoria en otras trincheras del servicio público:

Jesús Homero Flores Mier: exfiscal anticorrupción y extitular del ICAI.

Yezka Garza Ramírez: exdirectora del Centro Regional de Identificación Humana.

Valeriano Valdés Cabello: exconsejero jurídico del Ejecutivo estatal.

Isadora Rodríguez Garza y Adriana Serna Calderón: nuevas figuras con formación jurídica sólida y vocación pública.

A ellos se suman 90 juezas y jueces de primera instancia en materias como lo familiar, civil, penal, mercantil y laboral. La paridad de género es relevante. Y eso, en un país donde la justicia suele tener rostro masculino, significa un gran avance.

¿Qué retos enfrentan?

La desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial marcan un giro institucional profundo. Pero más allá de la arquitectura legal, los desafíos son concretos y urgentes:

Imparcialidad real: La legitimidad que da el voto debe traducirse en decisiones que no respondan a intereses políticos ni económicos.

Justicia cotidiana: Resolver con agilidad los conflictos familiares, laborales y civiles que afectan a la gente común.

Transparencia digital: Fortalecer plataformas como Poder en Línea y el Expediente Virtual para que el acceso a la justicia no dependa de trámites presenciales ni de abogados con influencias.

Disciplina interna: El Tribunal de Disciplina Judicial debe ser más que un adorno. Tiene que sancionar con rigor y sin favoritismos.

¿Qué dicen los datos?

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Coahuila ocupa el primer lugar nacional en Estado de Derecho. Pero ese reconocimiento debe sostenerse con resultados tangibles. La confianza ciudadana no se hereda: se gana cada día en los juzgados.

Además, el nuevo modelo judicial se enmarca en una estrategia estatal que busca atraer inversiones y consolidar la seguridad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas lo ha dicho claro: sin justicia, no hay paz ni desarrollo.

Un consejo de cuates

Dicen que el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos y es por eso que me atrevo a dar estos 4 puntos que pudieran ser de gran ayuda para esta nueva integración del poder judicial:

Auditorías ciudadanas: Que comités independientes revisen el desempeño de jueces y magistrados.

Capacitación continua: En derechos humanos, perspectiva de género y justicia restaurativa (nunca es suficiente, no hay nada mejor que aprender con humildad; la toga a veces engaña)

Justicia itinerante: Llevar juzgados móviles a comunidades rurales, donde el acceso es limitado. Qué mejor momento para ello.

Foros públicos: Que los magistrados rindan cuentas periódicamente ante la sociedad. Y no necesitan hacerlo como el acartonado congreso local, tienen la gran oportunidad de abrir distintas formas de comunicarlo de manera efectiva.

Coahuila ya dio el paso. Pero la historia apenas comienza. No lo olvidemos, el poder sin contrapesos se pudre. Y el judicial, por más blindado que parezca, no está exento. Hoy, más que nunca, la justicia debe ser vista, sentida y vivida por todos.