La elección del Poder Judicial celebrada el 1 de junio de 2025 ha marcado un punto de inflexión en la historia institucional de México. Por primera vez, más de 2,600 cargos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron elegidos por voto popular. Este hecho, inédito en nuestro país, abre un nuevo capítulo en la construcción de un sistema de justicia más democrático, cercano y transparente.
Uno de los datos más reveladores fue el respaldo ciudadano. Según cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación se ubicó entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral, es decir, alrededor de 13 millones de personas acudieron a las urnas. Aunque esta cifra representa un porcentaje menor frente a elecciones federales previas, en términos absolutos supera el número de votos que obtuvieron partidos como el PRI o el PAN en la elección presidencial de 2024. Este dato es clave: pese al escepticismo y las críticas, millones de personas salieron a votar por el nuevo modelo de justicia. El pueblo habló, y su mensaje no puede ser ignorado.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que esta elección forma parte de una transformación más amplia del Estado mexicano. Su gobierno ha apostado por un Poder Judicial más accesible, con mayor rendición de cuentas y legitimidad social. Esta votación, con todas sus complejidades, refuerza su mandato y su visión de una democracia participativa en todos los niveles del poder público.
No obstante, también es necesario asumir las áreas de oportunidad. La elección no fue perfecta. Uno de los desafíos más visibles fue el alto número de votos nulos, que superaron los 10 millones, lo cual podría reflejar desinformación, falta de comprensión del proceso o una expresión deliberada de inconformidad. Además, existen inquietudes sobre los mecanismos previos de selección de candidatos, la calidad de los perfiles y el equilibrio entre independencia judicial y control democrático.
Este proceso debe entenderse como lo que es: un experimento democrático en construcción, perfectible y abierto a crítica. La politización excesiva, la falta de pedagogía cívica y la limitada claridad de las boletas son elementos que deben corregirse si se busca consolidar este modelo como una vía viable y legítima de elección judicial.
Los resultados también abren una discusión sobre cómo garantizar que los nuevos jueces y magistrados actúen con independencia, profesionalismo y compromiso con el interés público. Urge diseñar mecanismos de evaluación, capacitación permanente y blindaje frente a intereses particulares, para que la justicia no solo sea elegida, sino efectiva y confiable.
La elección judicial de 2025 no fue un capricho político, sino una respuesta institucional a una demanda ciudadana: acabar con el elitismo judicial, abrir el acceso a la justicia y devolver al pueblo la posibilidad de decidir quién interpreta la ley. Ahora toca a todas las partes —Estado, ciudadanía y operadores jurídicos— asegurar que esta herramienta se fortalezca y no se convierta en una simulación democrática.
En suma, lo ocurrido el 1º de junio nos deja tres grandes lecciones: la legitimidad no solo viene del voto, sino de su adecuada implementación; la participación ciudadana es indispensable, pero requiere información y claridad; y la democracia no se limita a elegir, también exige evaluar y corregir.
Cuando el pueblo decide, transforma. Y hoy, más que nunca, México tiene la oportunidad de construir una justicia verdaderamente al servicio de su gente.
