Saltillo, Coahuila. El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México se ha convertido en una espina dorsal de la violencia que azota al país. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por mapear rutas, decomisar arsenales y llevar a juicio a fabricantes estadounidenses, la respuesta del país vecino ha sido tibia, cuando no indiferente.

Un flujo constante, una respuesta ausente

Según datos oficiales, el 74% del armamento ilegal que llega a México proviene de tres estados fronterizos: Texas, Arizona y California. Estas armas, que incluyen fusiles de asalto, lanzagranadas y silenciadores, terminan en manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, clasificados como organizaciones terroristas por el propio gobierno de Donald Trump.

Mientras México ha decomisado más de 5,800 armas de fuego, 31,000 cargadores y 1.2 millones de cartuchos en seis meses, Estados Unidos ha recortado el presupuesto de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y reducido su personal operativo en los puntos críticos de trasiego.

¿Qué impide una acción conjunta?

La respuesta está en la legislación estadounidense. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a fabricantes y distribuidores, incluso si sus productos terminan en manos criminales. Además, las Enmiendas Tiahrt bloquean el intercambio de datos de rastreo de armas entre ambos países, dificultando el seguimiento judicial.

Alejandro Celorio, excoordinador legal de la estrategia mexicana contra las armadoras, lo resume así: “Tenemos cinco años diciendo que las armas vienen de Texas y no vemos un reforzamiento de las acciones de control, no hay más presencia, no hay más retenes”.

¿Y ahora qué?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido públicamente a Estados Unidos que refuerce sus operativos fronterizos y colabore en la persecución del tráfico de armas, en reciprocidad por los esfuerzos mexicanos para frenar el paso de fentanilo y migrantes.

Pero más allá de los discursos, el reto es estructural. Mientras las ferias de armas y los “compradores de paja” siguen operando con libertad en territorio estadounidense, México enfrenta una espiral de violencia ascendente, donde cada arma incautada es apenas una gota en un río de acero.