En el México actual, donde las instituciones aún se debaten entre la legitimidad y el descrédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado una lección que no necesita estridencia: ha rechazado atraer el caso del periódico Vanguardia, señalando que no reviste interés nacional y que la libertad de expresión no está en riesgo. Con ello, se cierra un expediente en donde los deudores ya no pudieron dar más largas a sus responsabilidades y que en el fondo fue un mero litigio mercantil.

El expediente que no convenció

El acuerdo emitido por la Corte, fundado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es claro: la solicitud de atracción es improcedente. Las futuras promociones serán agregadas sin mayor trámite. No hay lugar, por ahora, para abrir el expediente electrónico. Y los representantes legales podrán recibir notificaciones, pero no alterar el curso de una decisión colegiada. En otras palabras, el caso está cerrado. Y con ello, la narrativa de persecución que Vanguardia ha inventado desde 2016 queda sin respaldo institucional.

No se hagan bolas

La familia Castilla Galindo, propietaria del medio, deberá pagar una suma garantizada con los bienes hipotecados por Armando Castilla Sánchez. El origen del conflicto no está en una columna “incómoda” ni en una portada “valiente”, sino en un adeudo contraído desde 1994 y litigado desde 2008. Lo que se ha resuelto no es una disputa ideológica, sino una obligación financiera. Y pretender que el cumplimiento de la ley es un atentado contra la libertad de prensa es, cuando menos, una distorsión de la realidad. Un engaño para la ciudadanía.

Una cadena de derrotas judiciales

A lo largo del proceso, Vanguardia ha perdido amparos en Torreón, Acapulco y Baja California Sur, lo que confirma la solidez jurídica del reclamo en su contra. Además, se comenta que enfrentan otros dos juicios ya perdidos: uno en la Ciudad de México y otro en Nuevo León. Esta secuencia de reveses judiciales refuerza la idea de que no se trata de una persecución, sino de una responsabilidad legal que el medio ha intentado evadir bajo el discurso de la victimización.

El periodismo no es sinónimo de inmunidad

En una democracia madura, el periodismo debe ser libre, pero también responsable. La crítica al poder no otorga inmunidad frente a la ley. Y cuando un medio convierte su deuda en bandera, corre el riesgo de erosionar la credibilidad de todo el gremio. La Corte ha sido contundente: este no es un asunto de interés nacional. No hay censura. No hay persecución. Hay una sentencia firme y un cobro legítimo.

El ruido y la retórica

Durante años, Vanguardia ha buscado el respaldo de asociaciones como la Alianza de Medios Mx y la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero la Corte, en su papel de árbitro constitucional, ha decidido no intervenir. Y esa decisión, lejos de ser una omisión, es una afirmación: no todo conflicto judicial merece ser elevado a causa nacional.

El caso Vanguardia no será recordado como una batalla por la libertad de expresión, sino como un intento fallido de convertir una deuda en consigna.

La Corte ha hablado y eso es más elocuente que cualquier editorial.