Por Israel Reyes
En México, la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. La promesa constitucional de acceso a una vivienda digna se desmorona frente a una realidad devastadora: un déficit de cerca de 9 millones de viviendas, precios inalcanzables y un mercado inmobiliario que juega en contra de las mayorías. Mientras los especuladores y grandes desarrolladores construyen para quienes pueden pagar millones, millones de mexicanos quedan condenados a la precariedad habitacional.
La crisis de vivienda: entre la desigualdad y la especulación
El costo promedio de una vivienda en México ronda los 1.7 millones de pesos, según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Para alguien que gana el salario mínimo, esto significa trabajar más de 90 años sin gastar en absolutamente nada más para poder comprar un hogar. Esto no es una crisis, es un asalto a la dignidad de la clase trabajadora.
Detrás de este problema está el modelo de desarrollo urbano neoliberal que dominó las políticas de vivienda desde la década de los 90. Se apostó por la privatización de la tierra y la financiarización del derecho a la vivienda. El resultado: fraccionamientos de vivienda social alejados de los centros urbanos, con infraestructura deficiente, altos costos de transporte y servicios escasos. No sorprende que más de 6 millones de viviendas estén abandonadas según el INEGI, mientras miles de familias duermen en las calles.
El fracaso del mercado y la necesidad de intervención estatal
Algunos “expertos” neoliberales insisten en que el gobierno debe mantener distancia y que el mercado debe autorregularse. Pero la historia demuestra que, cuando se deja en manos del capital privado, la vivienda se convierte en una mercancía más, sujeta a especulación y acaparamiento. Ciudades como Nueva York, Berlín y Buenos Aires, citadas como ejemplos de “lo que no debe hacerse”, han aplicado regulaciones precisamente porque el mercado por sí solo no garantiza el acceso a la vivienda. En Berlín, por ejemplo, la ciudad tuvo que expropiar miles de departamentos a grandes inmobiliarias para frenar la crisis habitacional.
En México, el Infonavit ha anunciado la construcción de un millón de casas en el sexenio. Esto es un paso, pero insuficiente. Se requiere un enfoque más ambicioso: desarrollar vivienda pública de calidad, regular los precios del suelo y fortalecer las cooperativas de vivienda.
Alternativas
Recuperación de vivienda social
Se deben recuperar los programas de vivienda social accesible con subsidios para trabajadores y población vulnerable. La urbanización no puede estar dictada solo por el interés privado.
Regulación de los precios del suelo y de la vivienda
Implementar controles de renta y límites a la especulación para evitar que el suelo urbano se convierta en una mercancía inaccesible.
Impulso a cooperativas de vivienda
Fomentar modelos de cooperativas de vivienda con participación del Estado y organización comunitaria, como ha ocurrido con éxito en países como Uruguay y Suiza.
Uso de vivienda y terrenos abandonados
Rehabilitar y utilizar los millones de viviendas abandonadas en zonas urbanas, en lugar de expandir desarrollos ineficientes.
Transporte y planificación urbana
La vivienda debe ir acompañada de transporte público eficiente, servicios y espacios públicos de calidad. No basta con construir casas, hay que garantizar ciudades habitables.
La vivienda es un derecho, no un lujo
Es hora de romper con la falacia de que el mercado resolverá el problema habitacional. La historia nos ha demostrado lo contrario. Como señala el urbanista David Harvey, “la vivienda no puede ser tratada como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos”.
La Cuarta Transformación tiene la oportunidad de sentar las bases para una política de vivienda justa y equitativa. No hacerlo significará perpetuar la injusticia y condenar a las futuras generaciones a seguir viendo la vivienda como un sueño inalcanzable.
El momento de actuar es ahora. La vivienda no es un negocio, es un derecho.
