Si la 4T se sale con la suya, a partir del próximo año las empresas deberán pagar Impuesto Sobre la Renta sobre al menos 3.3 por ciento de sus ventas, hayan tenido o no utilidades.
La iniciativa del Gobierno para limitar “deducciones” fiscales de empresas para ampliar la base gravable del ISR terminará por afectar a la inversión privada, obligará a las empresas a pagar más impuestos aun cuando arrojen pérdidas y no ataca de manera directa el problema recaudatorio, consideraron especialistas.
Representantes empresariales consultados señalaron que las medidas que limitan las deducciones para la iniciativa privada implicarán un mayor pago de impuestos.
“Una de las medidas que están estableciendo es un impuesto mínimo sobre las utilidades y eso se calcula en la manera que dice que las deducciones de una empresa no deben exceder el 96.67 por ciento; significa que un 3.3 por ciento debe tener un mínimo de utilidad sobre las ventas”, indicó la directora financiera de una compañía que pidió el anonimato.
“Eso puede ser altísimo. Si tú tienes unas deducciones que te dan el 98 por ciento, y todo está de acuerdo a Ley, el SAT dice: ‘no puedes pasar de 96 por ciento‘”, expuso. “Estaría con esto forzando a que las empresas al menos le paguen el 3.33 por ciento sobre las ventas”.
Agregó que, aun cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay incremento en la tasa de ISR, realmente sí hay un aumento muy sustancial en la tasa efectiva de impuestos: no aumenta el 30 por ciento, pero sí disminuyen las deducciones, por lo cual es un impacto fuerte.
Gustavo Leal Cueva, presidente de la consultora Fiscalia, coincidió.
“Como la tasa de ISR a aplicar sobre esa proporción de los ingresos es de un 30 por ciento”, dijo, “para todo fin práctico lo que están haciendo es establecer un impuesto mínimo de 1 por ciento sobre los ingresos, aun cuando la empresa tenga pérdidas”.
La SHCP anotó que con esto busca frenar el uso de facturas falsas para no contribuir al fisco, pero para BBVA México la medida podría afectar de manera desproporcionada a las empresas que hacen un uso legítimo de estas deducciones y, con ello, desincentivar la inversión.
“Los límites a las deducciones del Impuesto sobre la Renta empresarial podrían inhibir aún más la inversión privada en un contexto de debilidad de la demanda interna”, advirtió un análisis de BBVA.
Entre las medidas planteadas por el Gobierno federal se limitaría la deducibilidad de grandes empresas y el acreditamiento de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, además de que se prevé eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS), un esquema creado en 2013 que permite a las empresas diferir el pago del ISR hasta por tres años, lo que optimizaba significativamente el flujo de efectivo corporativo.
Esta iniciativa en contra de la inversión privada se suma a los cambios recientes para crear una comisión que involucra hasta a militares para revisar la participación de empresas extranjeras que deseen poseer más del 49 por ciento de la propiedad de compañías en 22 sectores estratégicos.
Según analistas, estas medidas no ayudan nada a mejorar las perspectivas de crecimiento económico de la economía mexicana, que durante las Administraciones de Morena ha crecido menos del 1 por ciento anual.
